El Pleno ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Mas Madrid y en contra PP y Vox, ejercer la iniciativa legislativa con el objetivo de modificar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para que incluya la posibilidad de que los municipios puedan declararse como zona de mercado residencial tensionado y facilitar de esta manera el acceso a la vivienda a la población.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto a los municipios de Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Pinilla del Valle y San Martín de la Vega, que agrupan a una población de 900.000 habitantes, se constituyeron en Comisión y aprobaron el texto de una iniciativa legislativa común para declararse zona tensionada.
La iniciativa legislativa popular, que persigue actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda, se trasladará, una vez aprobada por todos los ayuntamientos, a la Asamblea regional de Madrid para su tramitación y aprobación de una Proposición de Ley que modifique la Lay del Suelo.
El alcalde, Javier Ayala, ha explicado que lo que piden los ayuntamientos es “tener la posibilidad de la ley por el derecho a la vivienda aprobada por el Gobierno de España sin el veto de la Comunidad de Madrid, trabajando de manera coordinada todas las administraciones con un único objetivo: hacer asequible la vivienda para todos y todas, pero especialmente para las personas jóvenes”.
De esta manera, el texto aprobado por el pleno en forma de proposición de ley incluye un procedimiento para regular la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que da a los ayuntamientos la iniciativa para declararse zonas tensionadas en el caso de que se cumplan una serie de requisitos concretos y, de esta manera, beneficiarse de la posibilidad de regular el mercado inmobiliario.
De hecho, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ya aprobó por Pleno hace meses una solicitud para que la Comunidad de Madrid declarase a la ciudad como zona tensionada.
Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha negado de manera sistemática a dar trámite a esta declaración.