Tras una reunión con los adjudicatarios de la segunda fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha expresado su preocupación por el desarrollo caótico y las condiciones abusivas que caracterizan esta iniciativa. Testa lamenta que la segunda entrega de viviendas no haya cumplido con las expectativas, resaltando que la Comunidad de Madrid no ha corregido las deficiencias detectadas en la primera fase, sino que las ha repetido.
Entre los problemas señalados se encuentran deficiencias en los suministros, acabados defectuosos en las viviendas, como suelos que requirieron reparaciones, y el estado de los patios y plazas de garaje, que impiden el acceso a los trasteros de otros vecinos.
Testa subraya la injusticia de que los inquilinos deban pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de viviendas que no son ni serán suyas, instando a la Comunidad de Madrid a mejorar la seguridad y garantías para los arrendatarios de vivienda protegida.
En este contexto, se hace hincapié en la sentencia 1391/2023 del Tribunal Supremo, que prohíbe la repercusión del IBI al arrendatario de vivienda protegida. Testa recuerda que el impuesto está bonificado al 50% durante tres años desde la calificación definitiva, algo que los concesionarios del Plan Vive no han tenido en cuenta al repercutir gastos a los inquilinos.
Se ha solicitado a la Comunidad de Madrid que modifique las condiciones del Plan Vive, respetando la doctrina del Tribunal Supremo, y que ordene a los concesionarios detener la repercusión del IBI y devolver lo cobrado indebidamente. El Ayuntamiento de Alcorcón se compromete a apoyar a los adjudicatarios y a resolver los problemas existentes.