La Justicia ha dado la razón a los informes aprobados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe, retierando que la única administración para vigilar y sancionar los incumplimientos de la actividad en Corrugados respecto a los ruidos es la Comunidad de Madrid. Este dictamen llega después de que Corrugados reclamara en los tribunales un estudio de ruido en zona residencial solicitado por el Ayuntamiento para comprobar que las medidas implantadas por la empresa eran efectivas.
"El Ayuntamiento pretendía exigir el cumplimiento de su propia normativa, en este caso es la Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente en el municipio de Getafe, invocando a su favor todas las disposiciones legales que atribuyen a los ayuntamiento competencias en materia de control del medio ambiente y, específicamente, la legislación en materia de protección frente a la contaminación acústica", destaca la sentencia.
En ella, los jueves añaden que el consistorio "no puede imponer nuevas medidas correctoras que no constituyen el objeto del Plan de Minimización del Ruido (PMR) aprobado por la Comunidad de Madrid en el marco de la AAI otorgada". Asimismo, entiende que no se puede exigir "la realización de determinadas medidas, en este caso un estudio acústico, para comprobar si esa actuación ejecutada en el seno del PMR ha dado resultado positivo o no, pues ello no es de su competencia, ya que recae en el ámbito de las que corresponden a la Comunidad de Madrid, que es la que ha otorgado la AAI".
Por tanto, concluye que el establecimiento de medidas correctoras corresponde a la comunidad autónoma, así como la imposición de sanciones al disponer expresamente que la AAI será, en su caso, vinculante para la autoridad local.
Tras conocer la noticia, el Gobierno local, a través de la consejera de Medioambiente, Paloma Martín, ha pedido a la Comunidad que asuma sus competencias y responda a las exigencias que vecinos y Ayuntamiento vienen denunciando respecto a los ruidos en la zona desde 2014.