Miguel Recuenco ha defendido la legalidad del proceso por el que obtuvo una vivienda pública de EMSULE, adjudicada mediante sorteo público y ante notario en 2023, cuando aún no lideraba el partido pero sí las Juventudes Socialistas del municipio.
Ayer, en rueda de prensa, calificaba las acusaciones del Gobierno local de “campaña de difamación” y aseguraba que el proceso fue “transparente, fiscalizado y con actas notariales”. Además sostiene que todo se ajustó a la ley y que renunciar a la vivienda supondría “negar el derecho de cientos de familias a acceder a un piso público”.
Además, ha denunciado que las críticas responden a una “persecución política” por haber denunciado la paralización de 108 viviendas públicas por parte del actual Ejecutivo de PP y ULEG. El dirigente socialista ha anunciado que sus abogados estudian acciones legales contra quienes han difundido “falsedades” y ha pedido a EMSULE un certificado de legalidad del sorteo.
Para el próximo domingo 16 de noviembre, el PSOE ha convocado una concentración en la Plaza de la Luna para exigir la reactivación del proyecto de vivienda pública en Leganés.